Una lectura sobre la financiación de los compromisos estatales del Acuerdo Final de Paz, firmado en el Teatro Colón, pasa por comprender algunos elementos que dificultan un balance de este acápite. En primer lugar, a pesar de la posesión del presidente Gustavo Petro el 7 de agosto, durante lo que queda del 2022, seguirá ejecutándose el presupuesto destinado con este fin por el gobierno de Iván Duque. Así las cosas, hoy no hay un balance posible de los cuatro años de gobierno, ni de la tendencia en este sentido del gobierno de Gustavo Petro, a pesar de las declaraciones positivas de apoyo al Acuerdo; en segundo lugar, el tener claridades sobre la financiación no es fácil, porque gran parte del gobierno que terminó, simuló la implementación, esto es, que mucho del presupuesto que se cuenta como destinado a este fin era presupuesto de las entidades que ya tenían destinados para sus tareas misionales y fueron reportadas como propios de la implementación. En tercer lugar, es necesario tener en cuenta lo referente a la corrupción pues un gran rubro de lo reportado a los sistemas de seguimiento como el SIIPO, que es la herramienta pública para el seguimiento al Plan Marco de Implementación (PMI) posiblemente fue desviado hacia intereses privados.